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Isla Calero: un conflicto no deseado, soluciones bien pensadas
por Diputado Francisco Chacón

 

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Por Diputado Francisco Chacón| info@revistasurco.org

Nuestro país se ha visto inmerso en un conflicto no deseado a raíz de la invasión de tropas nicaragüenses al territorio costarricense de la Isla Calero. Pese a que ni buscamos el problema, ni lo provocamos, debemos destacar la estrategia seguida por la Cancillería y el Gobierno, en general, para atender esta complicada situación.
Desde el 13 de julio anterior el vicecanciller, Carlos Roverssi, recordó al Gobierno de Daniel Ortega su obligación de reportar efectos ambientales por el dragado en el Río San Juan. El mandatario de ese país se molestó, como ha sido su tónica durante todo el proceso, evadió responsabilidades, lanza falsedades y ataca a Costa Rica, pero no desiste de la invasión ni de los efectos perniciosos de los trabajos que efectúan en este río.
Este diferendo pudo haberse evitado si el régimen de Managua hubiera respetado los límites claramente establecidos desde hace muchas décadas. Ortega no sólo ha optado por la invasión de una isla perteneciente a un país sin ejército, sino que, a falta de argumentos, ha recurrido a maltratar innecesariamente a Costa Rica.

Daños detectados
El 21 de octubre anterior se detectaron los primeros daños que generaron la enérgica protesta de nuestro Gobierno. El dragado desarrollado en el Río San Juan ha provocado serios efectos ambientales que constantemente son monitoreados y reportados.
Da fe de ello, la misma Organización de Estados Americanos (OEA), cuyos representantes, incluido el propio Secretario General, José Manuel Insulza, han sido testigos no sólo de la invasión de las tropas nicaragüenses, sino también de los daños a los humedales, la tala de árboles y los efectos dañinos a los ecosistemas de la zona.
Los daños han sido debidamente documentos; incluso se han presentado vídeos sobre los trabajos en la zona, que sustentan la posición costarricense y advierten de las secuelas que estos trabajos van a tener no sólo para nuestro país, sino también para Nicaragua.

La bandera de la paz
El 22 de octubre, como era de esperar, un grupo de 60 policías costarricenses se trasladó a la zona por orden del Ministro de Seguridad, José María Tijerino. En la Isla Calero, los efectivos izaron la bandera costarricense.
Pero poco después esa bandera fue retirada por los soldados nicaragüenses que invadieron Isla Calero y que han aumentado su presencia en la zona pese a los llamados de la comunidad internacional para retirarse, como una condición para establecer el diálogo entre las partes.
Fiel a su vocación pacifista, nuestro país ha recurrido a la vía diplomática y a los organismos internacionales para detener tanto la invasión de las tropas nicaragüenses, como la destrucción ambiental en nuestro territorio.
Y es que, para un país que decidió abolir el ejército por voluntad propia, la única vía está vinculada al papel que puedan jugar la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

El necesario paso en la OEA
Cuando el 1º de noviembre el Gobierno costarricense decide llevar el caso de la invasión al seno de la Organización de Estados Americanos, se empiezan a dar los pasos correctos en la solución de este diferendo, provocado por el régimen de Managua.
Con pruebas en mano, nuestro Canciller, René Castro, viajó a Washington para denunciar la incursión de militares en la Isla Calero, una porción del territorio nacional de 151 km², que forma parte del Refugio de Vida Silvestre Colorado.
En el seno de la OEA, nuestro embajador, Enrique Castillo, y el canciller Castro, han jugado un papel importante para evitar prácticas dilatorias y lograr pronunciamientos hemisféricos a favor de la posición de Costa Rica.
Primero fueron los embajadores y luego los cancilleres, quienes se pronunciaron a favor de la desocupación y pidieron el diálogo entre las partes, mismo al que nunca ha renunciado nuestro Gobierno, pero exigiendo respeto y el retiro de las tropas nicaragüenses.
Curiosamente, el régimen de Ortega, que inicialmente defendió su posición ante la OEA, posteriormente desconoce lo resuelto y se empecina en una actitud testaruda y de matonismo en mantener su invasión a territorio costarricense. Para ese Gobierno, los foros internacionales sólo tienen legitimidad cuando lo beneficia.
Algunos han cuestionado la efectividad de la OEA y el peso de sus resoluciones, cuestionamientos que nadie podría rebatir. Sin embargo, Costa Rica debía agotar la vía diplomática en el foro hemisférico para proceder luego en otras instancias.
Como apuntábamos líneas atrás, éste no es un problema provocado por nuestro país y el recurso de las armas o la violencia, no es el que pregonamos aquí. Por eso, agotar todas las posibilidades y las instancias diplomáticas, primeramente en el plano hemisférico, constituyen el único mecanismo disponible para resolver este diferendo, aunque desafortunadamente la justicia internacional camine a paso demasiado lento.

Corte de La Haya
Aunque el Gobierno de doña Laura Chinchilla reconoce el papel de la OEA y los esfuerzo de Insulza, paralelamente acudió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Este tribunal internacional fijó la primera audiencia para el 11 de enero próximo. Allí se podrían adoptar medidas cautelares que detengan el daño ambiental causado en la zona.
Las autoridades costarricenses continuaron también con su cabildeo diplomático para frenar esta invasión, pero el régimen de Ortega mantiene arrogantemente su posición. Nuestros representantes están listos para hacerle frente a este litigio en el que esperamos dilucidar el diferendo, que, por cierto no es limítrofe, pues las fronteras están debidamente establecidas. Se trata, sencillamente, de una burda incursión armada de un ejército a un país amante de la paz y la democracia.
Ante La Haya, Costa Rica presentará todas las pruebas. Los pasos dados ante la Organización de Estados Americanos, serán una carta de presentación importante al apersonarnos ante este foro internacional.
Tenemos la firme convicción de que La Haya nos dará la razón. A diferencia de las autoridades nicaragüenses, que lanzan cortinas de humo, nuestro Gobierno tiene debidamente documentada cada acción emprendida por el ejército invasor y los daños ocasionados por la draga.
Simultáneamente, se emprendieron acciones en el seno de la Organización de las Naciones Unidas para mantener informadas a todas las delegaciones sobre la invasión nicaragüense ante la posibilidad de que este conflicto provocado por el régimen de Ortega llegue a ser pronto conocido en esa instancia.

Efectos sobre los humedales
Las acciones de nuestro Gobierno también lo han llevado a denunciar a Nicaragua ante la Organización Mundial de Humedales, con el fin de que se emitan criterios y se documenten los daños ambientales en la zona. Efectivamente, éstos han sido comprobados.
La Cancillería publicó un documento titulado “La verdad sobre la incursión, ocupación, uso y daños del territorio costarricense por parte de Nicaragua”, el cual los lectores pueden accesar en la web: rree.go.cr.
Nicaragua, además de realizar labores de dragado en el Río San Juan sin el consentimiento costarricense, ha talado árboles en territorio nacional, ha causado serios daños a los humedales y vertido desechos también en suelo tico.
Por los daños ocasionados, la Fiscalía Ambiental de Guápiles, abrió una causa penal contra Edén Pastora, encargado de la draga y contra quien pesa una orden de captura por infracción a la Ley Forestal.
Aunque Costa Rica podrá exigir a Nicaragua el pago de daños ocasionados, los efectos ambientales resultarán ser irreparables. Cuantificar los efectos en flora y fauna, tanto de lado tico como nica, no sería una tarea sencilla, pero lamentablemente los daños serán irreversibles.

Las pretensiones nicaragüenses
El Gobierno de Ortega ha hecho manifiesta su pretensión de navegar libremente por el Río Colorado, como nuestro país lo tiene sobre el margen inferior del Río San Juan. Sin embargo, no existe argumentación jurídica para sustentar tal pretensión.
En el caso de Costa Rica, el Tratado Cañas-Jerez (1858) así lo faculta. Esto se vino a ratificar en el laudo Cleveland, los laudos Alexánder, la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana (1916) y de la misma Corte de La Haya (2009). Por el contrario, no existe ningún sustento jurídico para la pretensión de Ortega.
Algunos analistas han asociado el conflicto generado por el régimen de Managua con las cercanías de las elecciones y la pretensión de Daniel Ortega de mantenerse en el poder. Como en el pasado, resulta políticamente rentable para ellos alimentar odios contra un país que ha abierto sus puertas a miles de nicaragüenses.
El foro hemisférico (la OEA) dejó a Nicaragua aislado. Ninguno de sus débiles y erróneos  argumentos ha encontrado eco en este escenario, donde solamente Venezuela se ha convertido en su aliado.

Firmeza de nuestro Gobierno
“Solo los cobardes son valientes con los indefensos”, dijo nuestra Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, al celebrar los 62 años de la abolición del ejército en Costa Rica. Acompañó sus palabras con un recordatorio “no serán los desplantes y caprichos de dirigentes políticos de otros confines los que nos descarrilarán, no van a ser ellos los que nos saquen de esta tradición casi sagrada de nuestro país”.
Mientras en Nicaragua se anuncia un aumento en el presupuesto para las fuerzas armas—inexplicable en uno de los países más pobres en la región—Costa Rica mantiene su postura de defender el territorio costarricense con firmeza y con las armas que nos brinda el Derecho Internacional.
Efectivamente, como lo afirmó nuestra Presidenta, los desplantes del régimen de Managua, no pueden hacernos claudicar en nuestra vocación civilista, pacifista y democrática. A cada ataque, se debe responde con prudencia y mesura.
Esta posición acongojante y difícil a las que se nos somete, debería provocar que hagamos frente común con doña Laura Chinchilla, con el Canciller de la República, René Castro, con Costa Rica.
La Asamblea Legislativa, las fuerzas políticas y civiles, deben mantener una actitud solidaria con el Gobierno. Ante la invasión de las fuerzas armadas nicaragüenses, hoy, como nunca, se torna imprescindible que, con firmeza y serenidad, podamos defender nuestra soberanía y decir: “Señora Presidenta…estamos con usted”.